La semana pasada, durante su comparecencia en la Asamblea Nacional, Portugal omitió hablar de la consultoría 11-2013, refrendada sin ningún problema por la Contraloría General.
Sin embargo, a principios de mayo, unos días antes de que este diario revelara los detalles de la primera transacción, la funcionaria canceló la negociación.
Así lo revela una carta que la defensora del Pueblo le envió a Jean Paul Ortega Ramírez, presidente de Imaginarium Studio, S.A., en la que le comunica que la consultoría no puede ejecutarse por diferentes “circunstancias”.
El monto de esta nueva asesoría es apenas mil dólares menos del límite que fija la Ley 22 de Contrataciones Públicas, que exige la aprobación del Consejo Económico Nacional en contratos superiores a $300 mil.
De haberse completado la contratación, Portugal le habría desembolsado $749 mil a una misma familia.
En agosto de 2012 contrató por $200 mil a En Avant, S.A., compañía propiedad de Jazmine Ramírez, madre de Jean Paul Ortega, por una consultoría para mejorar la atención al usuario.
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